Comunicado sobre COVID-19 en lugares de privación de libertad.

Frente a la pandemia del COVID-19 que atraviesa nuestro país y el mundo entero, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Panamá, en virtud de su mandato preventivo dirigido a las personas que se encuentran en lugares de privación de libertad, realiza las siguientes consideraciones:

Reconocemos los importantes esfuerzos del gobierno nacional, en especial del Ministerio de Salud, y otras autoridades, dirigidos a abordar y mitigar los efectos e impacto del COVID-19 en la vida de todas las personas que se encuentran en el territorio panameño. 

La realidad de los centros penitenciarios es sumamente compleja y preocupante, por condiciones preexistentes como el hacinamiento, la carencia de un suministro permanente de agua potable, infraestructuras insalubres y servicios de salud insuficientes por la falta de personal, equipos e insumos, que genera una condición de permanente vulnerabilidad para la población de personas privadas de libertad, ya que dependen totalmente del Estado para la satisfacción de sus necesidades básicas y a quienes debe garantizárseles la vida y la salud, como derechos humanos inalienables.

De manera particular, por parte del Gobierno Nacional, se han determinado algunas medidas dirigidas a la prevención del contagio del COVID-19 en los centros penitenciarios, tales como la restricción de las visitas, la dotación de implementos de higiene y limpieza, la suspensión de algunas actividades (como las labores extramuros, visitas conyugales, permisos de salida, diligencias judiciales, entre otras) y la descripción de los artículos de ingreso permitidos, entre otras acciones que fueron plasmadas en comunicados del Ministerio de Gobierno de diez y doce de marzo del año en curso.

Reconocemos los avances del Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Sistema Penitenciario, en la implementación de acciones de prevención para la mejor protección de la población de privados de libertad del contagio del COVID-19 plasmadas en el reciente comunicado del Ministerio de Gobierno de veintiséis de marzo de este año,   

Al respecto, instamos a las autoridades, en especial al Ministerio de Gobierno, a la Dirección General de Sistema Penitenciario y al Instituto de Estudios Interdisciplinarios, a mantener y dar seguimiento a  las medidas de prevención adoptadas en los centros penitenciarios y en los centros de custodia y cumplimiento de adolescentes; así como continuar dotando de suministros médicos a clínicas de atención de personas privadas de libertad, implementos de aseo y limpieza para administrativos y clínicas; además de reforzar el seguimiento de los protocolos de ingreso del personal administrativo, de seguridad y custodio a las instalaciones de los centros, de forma que se evite la propagación del COVID-19 en estos sitios.

Por otro lado, reconocemos los esfuerzos del Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Sistema Penitenciario en elaborar listas que beneficien con la aplicación de medidas alternativas a la prisión a personas adultas mayores de sesenta años y mujeres en estado de gravidez y con hijos o hijas y que cumplan con otros requisitos tales como la buena conducta y el cumplimiento de las dos terceras partes de su condena; sin embargo, también instamos a las autoridades a prestar especial atención a la salud de las personas privadas de libertad que cuenten con alguna condición crónica de salud preexistente como diabetes, hipertensión, VIH, de cualquier edad, así como a personas adultas mayores y mujeres en estado de gravidez que no reúnan los requisitos para la aplicación de medidas alternas a la privación de libertad y que podrían tener un riesgo de sufrir complicaciones, en caso darse un contagio del COVID-19.

Adicionalmente, instamos a adecuar los lugares de cuarentena preventiva destinados a albergar a nuevos ingresos y traslados de personas privadas de libertad y garantizar su atención médica, a fin de garantizar la protección efectiva de la población de los centros penitenciarios. En este mismo sentido, instamos a que se concluyan, en el menor tiempo posible, las obras de acondicionamiento de salas de aislamiento dentro de las clínicas penitenciarias, de forma que puedan albergar temporalmente a personas privadas de libertad con sintomatología sospechosa, mientras se diagnostique médicamente su condición de salud.

Reconocemos los esfuerzos, de la Dirección General del Sistema Penitenciario, de proveer de agua a los centros penitenciarios del país. Exhortamos, además, que dicha prestación de servicio se garantice hasta que finalice la pandemia y que su cobertura se extienda a todos los centros penitenciarios que no cuenten con un suministro regular del vital líquido. De igual forma, exhortamos a que puedan visibilizarse acciones y obras a mediano plazo que garanticen el acceso permanente al agua.

Por otro lado, recomendamos que cada centro bajo la custodia del Estado fortalezca los espacios de capacitación, información y sensibilización a las personas que se encuentran en los mismos y sus familiares, sobre las medidas de prevención adoptadas, así como de higiene personal, que permitan reducir los niveles de incertidumbre y ansiedad de la población de los centros, de forma tal que pueda lograrse una mayor efectividad en la aplicación de dichas medidas.

Respecto a las personas recluidas en albergues y hogares para adultos mayores, instamos a quienes se encargan del cuidado de este sector de la población, que se encuentra en gran situación de riesgo, a extremar las atenciones, medidas de prevención y aseo, así como cumplir los protocolos y recomendaciones emitidas por las autoridades de salud. Igualmente, hacemos un llamado a las autoridades para mantener el monitoreo constante del cumplimento de sus directrices en todos los lugares donde se encuentren personas bajo la custodia del Estado, así como la capacitación y sensibilización de administrativos y población recluida.

Finalmente, instamos al Estado Panameño a que pueda hacer extensiva estas medidas para la protección de personas que se encuentren en cualquier centro bajo la custodia del Estado, ya sea albergues para niños, niñas y adolescentes, albergues masculino y femenino de Migración, hospitales psiquiátricos, centros de detención transitorios administrados por la Policía Nacional y otros lugares de privación de libertad que se encuentran actualmente en gran condición de vulnerabilidad.

Desde el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, reiteramos nuestro compromiso de continuar realizando recomendaciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de los centros bajo el amparo del Estado y el trato hacia las personas que se mantienen dentro de estos centros, desde un enfoque preventivo y por medio de un trabajo conjunto con el Estado, que garantice la protección de esta población contra los efectos de la pandemia del COVID-19.

Panamá, a los 31 días del mes de marzo del 2020

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